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La Cátedra Santander de Derecho y Menores organizó en el Congreso de los Diputados una jornada sobre el sistema de protección a la infancia

JORNADA INFANCIA WEBEspaña está muy lejos de Europa en cuanto a igualdad infantil, según expertos en derechos de la infancia. En realidad, entre un 40% y un 45% por debajo de la media de la UE respecto a protección infantil. No en vano, entre 2007 y 2015 se recortaron más de 21.500 millones de euros en educación infantil, primaria y secundaria, y 11.500 en protección social. Según los especialistas que participaron en la jornada “Retos ante la reforma del sistema de protección a la infancia”, organizada por la Cátedra Santander de Derecho y Menores en el Congreso de los Diputados, España es un país con una elevada desigualdad infantil, con escasos recursos (1,3% del PIB frente a 2,4% de media de la UE), lo que hace que esta desigualdad entre menores de 18 años sea más grande que la que existe en el resto de la población.

Para Jorge Cardona, miembro del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, “cuando se elabora y ejecutan los presupuestos el condicionante son los derechos del niño”. Por ese motivo, los expertos consideran que los desafíos para la inversión en infancia se encuentran, entre otros, en los modelos económicos, en la desaparición del largo plazo, en la lucha por los recursos públicos y en la fragilidad del discurso que se refiere a los derechos humanos.

Además, las cifras demuestran que hay muchos países europeos, entre ellos España, en los que el gasto público se destina en mayor medida a personas con más posibilidades económicas, según datos de la OCDE que se presentaron durante la jornada. Respecto a los niveles de ingreso 2008, la pobreza infantil habría crecido un 33%, y un 56% en los hogares en pobreza severa.

Para ello, se pidió destinar más recursos de todo tipo a la infancia en los presupuestos, porque los presupuestos públicos deben garantizar todos los derechos de los niños. “Un país que invierte en infancia es estable, participativo y democrático, y éticamente hace lo correcto, porque un desarrollo sostenible es imposible sin invertir en infancia”, afirmó Cardona.

Además, de entre las conclusiones de las ponencias, destacó la petición de los expertos para desarrollar todas las medidas incorporadas por la reforma legislativa de infancia de 2015, mantener la sensibilidad y voluntad política por la que se aprobó esta ley y pedir a la sociedad que exija que se ponga en práctica. 

Medidas legislativas

En el ámbito legal, Isabel Lázaro, profesora de Derecho de Comillas ICADE e investigadora de la Cátedra de Derecho y Menores, aseguró que “los estados tienen la obligación de priorizar el interés superior del niño en cualquiera de sus actuaciones, ya sean legislativas o presupuestarias, estén dirigidas específicamente hacia los menores o no”. El interés superior del niño significa “respetar los derechos que se les reconoce en la Convención de Derechos del Niño”, un tratado internacional de Naciones Unidas firmado en 1989.

Por su parte, Clara Martínez, directora de la cátedra, desarrolló la idea de articular el sistema de protección de la infancia entre todos los elementos de un sistema articulado en torno al principio de coordinación.

La jornada también reclamó el acogimiento familiar como medida de protección a la infancia. En este sentido, Carlos Chana, de Cruz Roja, reivindicó el acogimiento familiar como un sistema de protección prioritario, es un “compromiso solidario en la transformación de la realidad social de los niños vulnerables que garantiza el derecho a la mejor protección de los menores”. Asimismo, Blanca Gómez Bengoechea, coordinadora del Máster en Adopción y Acogimiento: intervención multidisciplinar del Instituto Universitario de la Familia, expuso las líneas fundamentales de la adopción abierta, una de las principales novedades incorporadas a la reforma legal de 2015.

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